La Fiscalía General, ha consumado una Causa General contra el Independentismo. Su Fiscal, nombrado a dedo por el Gobierno del PP, se ha lanzado contra los Alcaldes de Cataluña, que tengan la intención de poner urnas el 1-O. 712 alcaldes tendrán que declarar, en sede judicial, para que informen. El Estado, ha pasado de la burla del anterior referéndum del 9-N (2015), se le ridiculizo e ignoro a los cerca de dos millones de personas que acudieron a las urnas. Ahora, no quieren que vuelva a pasar. Eso significa que mintieron de manera descarada, mentir es un verbo que se les da muy bien al gobierno del PP, y ahora, no quieren repetir lo sucedido en el 2015. La judicialización de la política. La palabra política ha quedado descartada de su agenda. Lo que les interesa, es que la división de poderes, se haga porosa e invisible. Se amenaza a todo el mundo, no importa si se es funcionario o no, autoridad o no. El TC, está ejerciendo de juez y parte, algo insólito en democracia....
