Llama la atención que cuando la crisis en su vertiente macro y micro, dibujan un panorama negro de cara al otoño, la clase política -catalana- se halle al borde de la histeria por culpa de la anunciada sentencia del TC. Desde luego, el asunto tiene calado político. Constitución, Estatut, TC, división de poderes, soberanía popular, legitimidad, "contrato social", inconstitucionalidad, etc., son conceptos que afectan al marco jurídico del Estado de derecho que es España.
Se podrían plantear cuestiones a todos los actores que intervienen: los magistrados del Tribunal Constitucional, que apuran su tiempo de permanencia más allá de lo razonable, sus inclinaciones y adscripciones políticas, sus tensiones internas partidistas, etc., su tardanza en la elaboración de la Sentencia, todas estas cuestiones son relevantes.
Por otro lado, los despropósitos de los partidos catalanes que ven en el horizonte del 2010 elecciones catalanas y quieren procurarse posiciones de privilegio para afrontarlas. De ahí la gesticulación retórica de todos ellos. Llama la atención que el día 27 aparezca unas declaraciones de E.Maragall (Conseller d'Educació) hablando "seriamente" sobre la necesidad de una coalición entre el PSOE y el PSC. Es decir, según el sr.Maragall, el PSC como partido independiente del PSOE daría cobertura y respaldo parlamentario en Madrid a cambio de no se sabe que apoyo constitucional de cara a las repercusiones de la esperada STC. Desde la etapa inicial del PSC (1980) se había soñado con un grupo parlamentario propio en el Congreso para poder influir desde la órbita catalana en Madrid. Las tesis centralistas del PSOE -Guerra y González- se impusieron y el PSC se fundió -la palabra aquí tiene la ambivalencia que tiene- con el PSOE dando carta blanca a CiU para gobernar durante más de dos décadas Cataluña. O sea, desempolvar esas ideas de las épocas de Raventós, Pallach y cia, resultan llamativas si no fuera porque en el horizonte de 2010 se celebran las autonómicas. Esas declaraciones son una solemne tontería que además resultan insultantes e hirientes por lo que supuso en su momento que el PSC se fundiera con el PSOE.
Por otra parte, las declaraciones de ERC -verano es el momento propicio para que los respnsables de ERC hablen y no paren-, tanto sus dirigentes, como los miembros del gobierno Carod-Rovira e institucionales E.Benach -President del Parlament de Catalunya-, den muestran de tics antisistema. Si se juega con las reglas de juego que tenemos, entonces debemos acatar las instituciones. El TC es un poder institucional y como tal tiene las funciones que determina el Título IX de la CE -arts.159-165-. Por otra parte, el PP de Cataluña hace un papel difícil de sostener en la medida que su credibilidad es débil. Proponer una reunión de los partidos después de la STC resulta extraña, porque el recurso de inconstitucionalidad lo llevo el PP -está en su derecho-. En cambio, CiU está a la expectativa, sabe que puede sacar réditos electorales, pero sus actuaciones ambiguas, por ejemplo, ir a la Moncloa para hacer un trueque de apoyo en Madrid y Presidencia de la Generalitat en Catalunya fue una maniobra estúpida que podría hacerle pasar mucho tiempo en la oposición. Desde la oposición su capacidad de visibilidad es limitada, pero su fuerza electoral sigue siendo fuerte, y eso es una baza importantísima de cara a las elecciones del próximo año.
El President de la Generalitat, sabe que la situación es complicada, el PSC juega la carta nacionalista porque le permite sumar votos, junto a ERC e IC, tiene ante si un problema que podría aprovechar CiU. Por ello, intentarán por todos los medios sacar partido de la STC.
Si la STC es adversa -inconstitucional-, se habla de la modificación del preámbulo -nación-, y algunos artículos del Estatut, especialmente su capítulo III (Derechos y deberes lingüísticos) son para el ejecutivo de la Generalitat los ejes centrales de la reforma estatutaria, y su posible modificación supondrían un conflicto entre el Estado y la Generalitat -que también es Estado. Las declaraciones de su President han sido que habrá que esperar a la sentencia, pero que no por ello dejará de se cumpla lo propuesto por el Estatut. ¿Qué opciones tiene entonces la Generalitat? Se supone que tiene tres opciones: a) Aceptar las posibles modificaciones supondría la necesidad de rehacer el texto con la consiguiente aparición de tensiones dentro del Gobierno tripartito y la radicalidad tanto de ERC como CiU. Por otro parte, el PP vería confirmadas sus tesis por el TC. La segunda opción sería no aceptar la STC, pero pondría al Ejecutivo catalán en la ilegalidad al no cumplir el mandato del TC. La tercera opción es la que se ha apuntado anteriormente, el Ejecutivo modificará lo que tenga que modificar pero buscará otras vías art.150 de la CE para realizar todas las transferencias que sean oportunas para dar satisfacción a Cataluña.
De todo esto es evidente que salen mal paradas diferentes instituciones. En Cataluña el Consultiu por avalar la Ley, el Parlament -lo aprobó con el 87%- , el Congreso y Senado que avalaron la ley, y por último, el papel del referéndum para su aprobación por el pueblo de Cataluña - la participación no alcanzó al 50%, exactamente fue de 48,85, el si fue del 73,90% mientras que el no fue del 20,74%-. Las instituciones saldrán heridas, el Estado de derecho se habrá cumplido, pero la percepción de una parte de la ciudadanía -nacionalistas-, será de desafección profunda contra las instituciones del Estado, la palabra independencia o secesión aparecerán de forma más extensa de lo que hoy aparecen. Por cierto, con otras palabras el President de la Generalitat, sr.Montilla, anunció en una conferencia que ese podría ser el escenario político si la STC era adversa a los intereses gubernamentales. Veremos como acaba este culebrón veraniego......
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