La DUI ha llegado. El Parlament de Catalunya ha declarado laIndependencia. El gobierno central, tiene la luz verde del Senado para aplicar el art.155. La ruptura se ha consumado. El día de ayer (jueves), hubo momentos que podía restaurarse cierto orden constitucional. Naturalmente, todas las partes culpan del fracaso al otro. Mariano Rajoy tendrá el dudoso honor de ser el Presidente que bajo su mandato, se declaró la Independencia de Cataluña. No importa si dura unas horas. El hecho simbólico se ha realizado.
Su prepotencia, y su activismo anticatalanista, hemos de recodar como animaba para recoger firmas contra el Estatut –“porque me da la gana”- que se había acordado en el Congreso de los Diputados y posteriormente ratificado en Referéndum. De aquellas conductas y actitudes irresponsables, nos encontramos ahora, sumidos en una situación descentrada. Un Estado que ha trabajado para el independentismo.
Con la experiencia de gobierno que ha despreciado a una parte importante de la sociedad catalana, los que salían el 11-S, a los que se les ninguneaba, ahora nos encontrábamos en esta situación. Tengo la convicción, que el gobierno central no ha querido parar esta situación. Ha preferido la proclamación de la República catalana, a cambio de deshacer cuarenta años de autonomismo.
Esta opción será su legado. Triste legado. Vivimos tiempos confusos. El President de la Generalitat, estuvo ayer, en una situación insostenible. Las promesas que había recibido, a través de intermediarios, no acabaron de concretarse. El gobierno del PP, está convencido que podrá arrasar Cataluña.
El impulso que ha dado para que empresas catalanas puedan trasladar su sede social fuera de Cataluña es un buen ejemplo. Ahora, nos toca comprobar cómo se plasmará el art.155. La DIU es ilegal, desde el ordenamiento de la Constitución. El gobierno se aferra como un clavo ardiendo a lo jurídico, despreciando el ámbito político. Lo dijo Mariano Rajoy con una claridad que no es precisamente su fuerte: “Ni quiero ni puedo”. Las leyes sirven para resolver problemas, no para perpetuarlos. Si en una tarde PSOE y PP pudieron cambiar la Constitución, con el artículo 135, por orden de la UE, bien habrían podido explorar nuevas posibilidades.
Restaurar la legalidad, la entienden los partidos constitucionalistas, como si se tratara de una barricada, pretenden encausar al gobierno de Cataluña, y todas las instancias institucionales. La imagen del gobierno de la Generalitat entrando en dependencia penitenciarias será una foto para la historia. La política se convierte en una dinámica de amigo-enemigo. Es decir, la antipolítica.
El gobierno central, ha puesto fecha, el 21 de diciembre, para unos nuevos comicios. EL gobierno catalán y Parlament, suspendidos en funciones. ¿Es constitucional? El artículo de Albert Branchadell, en el Ara.cat (27-10-17), plantea esta cuestión. A los partidos independentistas se les abre un nuevo frente, ¿querrán participar en las elecciones autonómicas?. La respuesta debería ser que sí. Veremos con se aplica en la práctica el art.155.
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada